Líderes sociales en Colombia: una condena a muerte

“Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que se nos dé la gana”.

Amenaza telefónica recibida por la docente Magda Deyanira Ballestas, 

julio del 2018.  

Según un informe de la ONU, en 2017 se registraron 441 ataques, entre ellos 121 asesinatos. La Defensoría del Pueblo contabiliza 311 asesinatos, entre enero del 2016 y el 30 junio de 2018. La situación de violencia llegó al nivel de “crisis humanitaria”.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno?

En julio del 2019, la ONU pidió al Estado colombiano (en cabeza del presidente Iván Duque) reforzar las medidas de prevención, protección e investigación. La solicitud busca garantizar el derecho a la vida de las y los defensores de derechos humanos. Pero este pedido no ha logrado evitar que, cada semana, dos líderes sociales sean asesinados. Muchos más reciben amenazas. Por esto, los defensores de derechos humanos consideran insuficientes las políticas de «implementación con legalidad» del acuerdo de paz, llevadas a cabo por el gobierno de Duque.

Las protestas que se realizaron durante el paro Nacional, y que incluyen a buena parte de la ciudadanía, demandan, entre otras cosas, que cese el «genocidio» de líderes sociales.

¿Cómo se explica el aumento de las amenazas a los líderes sociales?

Uno de los factores que debemos tener en cuenta, aunque no es el único, es que la lucha para ocupar el espacio dejado por las FARC, tras la firma del acuerdo de paz, ha puesto a los líderes en medio del fuego cruzado de diversas organizaciones armadas preexistentes y emergentes.