Política

Motín en Cárcel Argentina: ¿Liberaciones masivas?

Resumen

El titular y las imágenes recorrieron los televisores de millones de ciudadanos: Motín en Cárcel Argentina. A la indignación por el «desorden» generado por los presos, se sumó la polarización y la polémica cuando el pasado 20 de abril, la […]
El titular y las imágenes recorrieron los televisores de millones de ciudadanos: Motín en Cárcel Argentina. A la indignación por el «desorden» generado por los presos, se sumó la polarización y la polémica cuando el pasado 20 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal Argentina emitió una recomendación para otorgar prisiones domiciliarias. Este llamado, realizado por una instancia superior de justicia, solicitaba que se evaluara -caso a caso- la posibilidad de otorgar prisiones domiciliaria a aquellas personas detenidas que cumplieran con ciertas condiciones de riesgo.

El acceso a estas medidas a alternativas solo sería posible en los siguientes casos: 

  • para aquellas personas con derecho a libertad condicional (es decir, tras 2/3 de condena cumplida).
  • quienes tengan derecho a libertad asistida (aquellos a quienes les faltan 6 meses para terminar su condena).
  • para quienes gocen de salidas transitorias (ya han cumplido la mitad de condena).
  • Y a quienes tengan condenas menores a 3 años por delitos leves. 

La cámara Federal de Casación fue clara al explicitar que en ningún caso la medida de prisión domiciliaria podría involucrar a quienes estuvieran condenados por delitos violentos.

El falso debate: posibles liberaciones masivas

A pesar de esta aclaración, se instaló en la sociedad y los medios de comunicación un falso debate en el que el aparente motín en una cárcel argentina dio pie para hablar sin argumento: se afirmaba la inminente liberación masiva de presos peligrosos, de peligrosos asesinos y violadores sueltos en las calles. Este falso debate corrió el foco de la verdadera problemática que hay detrás de las cárceles argentinas y permitió dejar de lado información importante a tener en cuenta.

Por un lado, la crisis carcelaria que hace más de un año aqueja al sistema: el hacinamiento, la falta de alimentos, medicamentos y atención médica adecuada, son moneda corriente en los penales de todo el país. Esta situación se vio exacerbada al decretarse la pandemia de COVID-19 y la suspensión de las visitas. No se tomaron las precauciones y medidas necesaria para frenar lo inevitable.

Detrás del presunto motín en una cárcel argentina se esconden las denuncias de personas detenidas y sus familiares, que han dejado entrever cómo el Servicio Penitenciario de las distintas jurisdicciones no cumplió con los protocolos de resguardo. El acceso a la salud -derecho básico que nos incluye a todes- no fue garantizado en su totalidad. Al contrario, los pocos controles sanitarios se han logrado a fuerza de reclamos incesantes.

Las imágenes de los grandes medios hablaban de caos: motín un una cárcel argentina, reclamos y violencia. Pero detrás de todo este sensacionalismo, el ruido y la toma de parte de las instalaciones penitenciarias fueron un intento para ser oídos y vistos, ante la indiferencia generalizada. Estas protestas legítimas se amparan en la Constitución nacional.

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¿Qué hay detrás del motín en cárceles argentinas?

La emergencia carcelaria es innegable: la sobrepoblación en cárceles es tal que el servicio penitenciario bonaerense dispone de 21.000 plazas para albergar a 46.000 detenidos. Esto sin contar con que el 60% de las personas detenidas no tienen una condena firme y están cumpliendo con prisiones preventivas. Esta cifra se eleva a 75% en el caso de las mujeres cis y trans.

La sobrepoblación carcelaria hace de los penales verdaderas bombas de tiempo: el riesgo es que pueden convertirse en focos infecciosos que alimenten la pandemia y colapsen los sistemas de salud. 

Por esto, hablar de motines en las cárceles argentinas tergiversa y estigmatiza una protesta legítima, cuyo objetivo final es garantizar que adentro, tal como sucede en el exterior, se pueda controlar la propagación de la enfermedad.

Los presos están en una situación de riesgo total y, aunque no gocen de su libertad, el Estado es el garante de sus derechos. No hacerlo es incumplir la ley y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales como la ONU, la OMS y la CIDH. 

Si no se toman las medidas necesarias, la pandemia puede consolidarse dentro de las cárceles y continuar su crecimiento más allá de sus muros. 

 

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